Fiscal de Justicia podrá postular a su similar anticorrupción

Alejandro Gómez, fiscal general de Justicia del Estado de México, será el responsable de postular al fiscal Anticorrupción para la entidad, después de que la Legislatura mexiquense reformara la Constitución local con la finalidad de implementar el sistema estatal en la materia.

La designación no será directa, pues los diputados locales dispondrán de 10 días para objetar la propuesta –en caso de tener observaciones-.

A partir de que entre en vigor la nueva norma, los servidores públicos del Estado y Municipios estarán obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de interés; no así, sin embargo, la fiscal, con el argumento de la necesidad de proteger datos personales y debido a que se trata de un tema del ámbito federal; si se desea, se hará pública constancia del SAT para demostrar que se encuentran en orden con el pago de impuestos.

El sistema estatal anticorrupción, que integró las propuestas del gobernador Eruviel Ávila, el priísta Cruz Juvenal Roa y los panistas Raymundo Guzmán y Nelyda Mociños, crea también un comité coordinador y uno de participación ciudadana cuyos integrantes no deben tener vínculos partidistas,y experiencia en transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.

Por ahora, el secretario de la Contraloría agotará el actual sexenio, y el nuevo mandatario estatal determinará si solicita su sustitución o ratificación al Poder Legislativo.

La Legislatura también estará facultada para nombrar a los contralores internos de los organismos públicos autónomos.

La Fiscalía General de Justicia y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) podrán presentar iniciativas en materia anticorrupción; el OSFEM podrá auditar cuentas públicas en cualquier momento, al recibir denuncias ciudadanas.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México sustituirá al de lo Contencioso Administrativo (TRICAEM), pero tendrá los mismos magistrados.

Los diputados locales aún deben establecer la legislación secundaria que implica reformar alrededor de una veintena de ordenamientos, en los que debe tipificar nuevos delitos y establecer sanciones a actos de corrupción.

Veneranda Mendoza Herrera

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