Incrementan violencia y homicidios de menores en Edomex


Debido a que el Estado de México tiene las tasas de violencia y homicidios de menores más elevadas del país, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura mexiquense propuso reformar los Códigos Penal y Civil para eliminar disposiciones jurídicas que perpetúan esta práctica y fomentar el principio de la buena crianza.

El diputado Raymundo Garza, autor de la propuesta, recordó que un estudio publicado en el boletín médico del Hospital Infantil de México reveló que este año se incrementó en 130 por ciento la mortalidad por homicidio en niños menores de 1 año de edad; el ilícito, cometido por familiares.

La Encuesta Nacional de Niños y Niñas 2015 reveló que en el país 63.1 por ciento -al menos 6 de cada 10- de los niños de entre 1 y 14 años recibe en sus hogares disciplina violenta, 53 por ciento de los hogares ejerce agresión sicológica contra ellos, 44 por ciento agresión psicológica y física, y 6 por ciento castigos severos. Apenas en 31 por ciento de los hogares no hay ningún acto de violencia.

Los datos revelan que la violencia contra niños es socialmente consentida y aceptada y va en aumento, por lo que el diputado destacó la necesidad de que la legislación contrarreste este fenómeno.

No obstante, admitió la persistencia de leyes que lejos de tutelar los derechos de la infancia, son permisivas y discriminatorias.

Por tanto, planteó la derogación de la fracción 3 del artículo 243 del Código Penal estatal, pues contempla la atenuante de la pena de homicidio a la madre que diere muerte a su propio hijo dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento, siempre que no tenga mala fama, haya ocultado su embarazo, el nacimiento del infante haya sido oculto, no se hubiere escrito en el registro civil y que el infante no sea legítimo.

Esta disposición, desde su punto de vista, supravalora la honra de la mujer en detrimento del bien superior que es la vida y es violatoria del derecho humano a la igualdad reconocida en el artículo primero constitucional, pues distingue entre dos categorías de hijos: legítimos e ilegítimos, los primeros gozan de la protección total del derecho a la vida y los segundos son vulnerables penalmente y están desprotegidos.

Además, destacó, se requiere la prohibición de toda forma de castigo corporal o abuso emocional a los niños, mediante la transformación de la crianza tradicional hacia un modelo de buen trato.

Lo anterior, con una adición al artículo 4.207 del Código Civil mexiquense, a fin de establecer que los infantes tienen derecho a cuidados, seguridad y a una buena crianza.

Los menores, prosigue, también deben ser tratados con respeto a su persona e individualidad y no ser objeto de castigos corporales o de cualquier otro trato humillante.

Para ello, debe reformarse el párrafo segundo del artículo 3.10 del Código Civil, ya que discrimina a los hijos en razón de su origen, llamándolos adulterinos o incestuosos, lo que atenta contra la dignidad y el valor de la persona; es necesario, destacó, que los hijos registrados no recibirán calificativo alguno sino sean iguales ante la ley, la familia, la sociedad y el estado.

Con la finalidad de preservar vínculos familiares, además plantea reformar la fracción 3 del artículo 4.224 para que se agoten todas las diligencias de identificación, búsqueda, localización y valoración de un familiar idóneo que otorgue un hogar a los menores, antes de enviarse a los albergues del DIF.

Finalmente, consideró necesario reformar el artículo 2.14 del Código Civil estatal para otorgar al oficial del registro civil, jueces o a la autoridad judicial competente la facultad de designar el orden de los apellidos por interés legítimo de los niños durante los procesos legales.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y dictamen.
Veneranda Mendoza

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