Ley de Seguridad Interior amenaza garantías individuales y legalidad

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero alertó que la Ley de Seguridad Interior que aplicará en todo el país, incluido el Estado de México, amenaza las garantías individuales de los mexicanos y la legalidad porque no establece contrapesos ni mecanismos de control.
Aunque apeló a que no ocurra, José Antonio Lara Duque, coordinador del organismo defensor, advirtió que, de ser ratificada por el Senado, esta norma abonará a la crisis e inseguridad en todas las regiones del país.
La organización no gubernamental advirtió que la aprobación “provocará un retraso considerable para fortalecer a los integrantes de la policía civil, y podría profundizar el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sin mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas”.
Este nuevo ordenamiento jurídico, indicó, constituye una razonable preocupación ante un marco contrario a respetar las garantías individuales, ya que grupos sociales podrán ser reprimidos, como se pretende en la entidad mexiquense con la denominada “Ley Eruviel”.
“En el caso particular del Estado de México, este tipo de marco legal –la Ley Eruviel—criminaliza a los luchadores sociales, a periodistas, organizaciones ciudadanas y defensores de los derechos humanos”, recordó.
Lara Duque explicó que, de igual manera, la Ley de Seguridad Interior podrá ejercerse sin mecanismos de control en contra de las organizaciones civiles, defensores de la tierra y el agua, a quienes las fuerzas armadas tacharían de transgresores del Estado de Derecho.
“Como organización civil nos preparamos para combatir de manera legal los agravios de la autoridad –originada por los legisladores federales- que ahora contará con el respaldo de las Fuerzas Federales y militares para efectos de una represión social”, anticipó.
Lara Duque aseguró que el único camino que dejan a la sociedad civil son los tribunales internacionales –como quedó demostrado recientemente en el caso Atenco—que tendrán que velar por el respeto a las garantías individuales de libre manifestación.
Sin embargo, en el caso Atenco lamentó que pese al fallo internacional para que sean sancionados los responsables de los casos de tortura y abuso policial, el Estado Mexicano le apuesta al olvido y a la impunidad.
Veneranda Mendoza Herrera

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