Obligar a seguro de vida en construcción de vivienda

Arturo Chavarria, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, llamó a los diputados locales a aprovechar la coyuntura de los sismos de septiembre para legislar a fin de obligar a las empresas constructoras a proporcionar seguros de vida y sancionar a los funcionarios y servidores públicos que se coluden y permiten la construcción de viviendas defectuosas y de baja calidad.
“Qué sea obligatorio cuando se compre una casa el seguro de construcción con seguro de vida para indemnizar; también se debe legislar para sancionar a los servidores públicos que autorizan; hasta ahorita ningún funcionario de primer nivel ha sido sancionado por los defectos en las casas y los únicos afectados son los habitantes pobres”, dijo.
El problema, manifestó, es que las autoridades son muy condescendientes con las constructoras, implementando una política de beneficio para los constructores de vivienda, mientras quienes adquieren las casas sufren inundaciones, vicios ocultos, y nadie se hace responsable.
El arquitecto advirtió que no es válido que por querer salir inmediatamente de la crisis provocada por el terremoto del pasado 19 de septiembre, las autoridades avalen la edificación de casas sin ningún control de calidad, pues al paso del tiempo seguirán representando un riesgo.
En cuanto a la supervisión de daños, admitió que en las áreas de protección civil no existe personal capacitado para realizar los dictámenes técnicos de valoración de daños, pues generalmente quiénes allí laboran son paramédicos.
Sin embargo, indicó que, dada la magnitud de las afectaciones, pueden resultar muy útiles para las inspecciones oculares, para reportar y documentar con fotos, a fin de que estos elementos sean valorados por especialistas para determinar el grado de riesgo.
“Hay pocos peritos para la dimensión de la desgracia, ni los Colegios ni las Universidades tienen la capacidad para atender de manera inmediata las revisiones en tantas escuelas”, dijo.
No obstante, destacó la necesidad de aclarar que el dictamen es el informe de un recorrido ocular para
detectar fallas o rupturas en la cimentación, en las columnas, en la lozas, en los castillos, en las trabes y en los muros.
Cuando truena una sola columna, una trabe, una loza, un castillo, y la cuarteadura se detecta a simple vista, hay falla estructural, y con una basta para que el edificio siga un efecto dominó y se desplome, pues carga entre 600 y 800 kilos de peso (tan solo en material de construcción) por metro cuadrado, sin contar el peso del siguiente nivel.
Los daños en muros, aplanados y acabados, dijo, suelen ser reparables y no de consideración, por tanto se puede liberar el dictamen.
La revisión ocular puede ser realizada por un arquitecto o un ingeniero, preferentemente, pero también por los profesores que conocen la escuela, ante la insuficiencia de especialistas.
Esta supervisión generalmente dura entre hora y hora y media; debido a que se le puede comparar a una consulta, la contratación de especialistas para la revisión no debe generar honorarios superiores a los 3 mil pesos.
Un peritaje, prosiguió, es mucho más elaborado, requiere estudios de laboratorio, de mecánica de suelo y estructurales, debe ser realizado por especialistas y sólo procede en caso de fallas estructurales; por tanto, sus honorarios son mayores y van de los 20 a los 40 mil pesos en promedio.
Por tanto, llamó a no dejarse sorprender con los costos de los dictámenes.
Veneranda Mendoza Herrera

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