Ordenan a JCPC responder solicitud de juicio político contra Eruviel Ávila

El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ordenó a la Junta de Coordinación Política responder al señor Arturo Rodríguez la solicitud de denuncia penal y juicio político en contra del exgobernador Eruviel Ávila, quien evadió el pago de su inmueble empleado para la construcción del Libramiento Sur Metepec.
La sentencia por la que se otorgó el amparo al quejoso, emitida el pasado viernes, advierte que el máximo órgano de gobierno de la Legislatura local deberá responder –por escrito- a la solicitud de Rodríguez Azueta para proceder penalmente en contra del exgobernador Eruviel Ávila y, en su defecto (lo que a estas alturas ya no aplicaría porque ha dejado el cargo, promover juicio político en su contra.
La Junta de Coordinación Política además deberá entregar al denunciante copia certificada del sexto informe, de la memoria sexenal y de la Cuenta Pública.
El primero de febrero de 2006 Arturo Rodríguez y el Gobierno estatal suscribieron contrato de compra-venta de un terreno utilizado para construir el Libramiento Sur Metepec ofrecido como compromiso cumplido por el entonces gobernador Enrique Peña.
A la fecha, sin embargo, el inmueble no se ha finiquitado, pese a la interposición de más de 900 acciones jurisdiccionales –entre juicios, recursos y amparos- desde entonces.
Por medio de dos escritos distintos, apenas el 16 de junio y el 3 de julio de 2017 solicitó al aún mandatario estatal incluir en su memoria sexenal el caso, “en virtud de la falta de cumplimiento a su obligación de representar al Estado de México como parte demandada” -según lo dispone la fracción XLIV del artículo 77 de la Constitución local-.
En este carácter, detalló, el mandatario mexiquense se negó a contestar la demanda, no asistió a audiencia de conciliación ni presentó pruebas, con lo que encubrió las violaciones que le fueron heredadas por su antecesor Enrique Peña.
El denunciante recordó que tras 140 meses de morosidad, el ahora presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal (DF) permitió que se incrementara en 350% la deuda del Gobierno mexiquense por la compra-venta de un terreno de su propiedad en 2006, con lo que además provoca un daño severo a la hacienda pública municipal.
Ávila Villegas, expuso, omitió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 394/2006 en la que se establecen términos, precio y pena convencional por la afectación o compra-venta del inmueble.
Por esta razón, demandó a la Junta de Coordinación Política, a través de su presidente, Cruz Juvenal Roa, proceder contra Ávila Villegas e iniciarle juicio político, de ser el caso.
Veneranda Mendoza Herrera

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