Sin capacidad responsables de áreas para Alerta por Violencia de Género

2-genero  020816El Observatorio Ciudadano de Género reclamó que la asignación de personas poco o nada capacitadas al frente de instituciones clave para atender la Alerta de Género declara en el 2015 para 11 municipios mexiquenses, llevó al fracaso las iniciativas y estrategias clave para atender la problemática que fue reconocida por autoridades estatales y federales.

Angélica Téllez, presidenta del OCG, indicó que a la fecha no hay una legislación “sensata” ni la claridad sobre los programas que son necesarios para frenar la violencia de género, puesto que entre la reglamentación para que los ayuntamientos afronten adecuadamente esta problemática, se encuentra la obligatoriedad para reunirse cada 15 días.

“Sin embargo, cada ocasión hay autoridades diferentes o representantes de las instituciones nuevos, que desechan estrategias disfuncionales a las que únicamente les brindan 10 o 15 días de plazo para arrojar resultados, y la mayoría son emprendidas sin directrices claras, porque son servidores públicos sin capacitación o con un completo desconocimiento sobre las condiciones de cad localidad o zona poblacional”.

Por tanto, dijo, las integrantes de dicha agrupación hicieron un llamado al trabajo articulado del gobierno mexiquense y los 11 ayuntamientos, en coordinación con la sociedad civil organizada, toda vez que a un año de la emisión de la alerta “hemos notado que hace falta trabajar en un Modelo ecológico, porque la violencia es una condición de un sistema social en caos”.

Juan Pedro Barbosa, coordinador ejecutivo de Acción para el Bienestar Ciudadano refirió que no hay claridad en las acciones que emprende el gobierno mexiquense, especialmente el Consejo de la Mujer y Bienestar Social(Cemybs), quien está encargado de coordinar los trabajos en relación a la alerta emitida.

“No podemos dejarlo solo a la autoridades, pero son las facultadas para establecer una línea directriz sobre la cual no hay avances, puesto que fueron instancias judiciales las encargadas de brindar la capacitación a las corporaciones municipales con la finalidad de que conozcan la respuesta adecuada a un llamado de emergencia por violencia, agresión física o verbal, así como un posible caso de feminicidio”.

Marisela Trinidad 

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